Salamanca contrata a detectives de mascotas en la última batalla contra la caca de perro

En la última batalla de España en la guerra contra la caca de perro, un pueblo cerca de Salamanca ha contratado a detectives privados para castigar a aquellos que no limpian sus mascotas.

Esta semana, Carbajose de la Sagrada, un municipio de Salamanca, ha encargado a una unidad especial de detectives privados la vigilancia de la caca de perro en los espacios públicos, con la esperanza de concienciar sobre la responsabilidad que conlleva tener una mascota y multar a los paseadores de perros culpables.

Una vez que estos detectives hayan recogido las pruebas, corresponderá a la policía local presentar cargos y imponer multas.

La nueva iniciativa ha sido introducida tras una serie de quejas de los ciudadanos sobre el comportamiento «incivil» de algunos residentes, así como por el hecho de que las anteriores campañas de concienciación no hayan puesto fin a sus repetidos delitos.

El alcalde del municipio, Pedro Samuel Martín, se reunió con los dueños de mascotas hace unas semanas para discutir una solución al actual dilema. Dijo que esperaba que las nuevas medidas, siguiendo los pasos de pueblos como Colmenar Viejo, mejoraran el estado de los espacios públicos y condujeran a una mayor `coexistencia’ en el pueblo.

Este es sólo el último intento de los ayuntamientos de combatir el problema de la suciedad de los perros. En 2013, una campaña viral en Brunete, una pequeña ciudad a las afueras de Madrid, vio a las autoridades encajonar los residuos y enviarlos por correo a los dueños de mascotas culpables.

La ciudad de Colmenar Viejo, también cerca de Madrid, contrató detectives de incógnito en 2014 a propietarios de películas que dejaron la caca de su perro tirada por ahí, y en 2016, Maslata, cerca de Valencia, ordenó a los residentes que registraran el ADN de su perro a través de muestras de sangre obligatorias, para que los propietarios que no limpiaran después de sus perros pudieran ser rastreados.

En una batalla para limpiar la capital, el alcalde de Madrid introdujo una ley en 2016, que da a los delincuentes de caca de perro la opción de elegir entre una multa de 750 euros o un fin de semana de servicio de limpieza.

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